El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, expresó su preocupación por la actuación judicial en el caso de la niña asesinada en Fulgencio Yegros, señalando que el hecho obliga a revisar cómo se están aplicando las normativas en el sistema de justicia penal.
“El caso ya tuvo una condena en 2022. Se impuso una pena de solo cuatro años por abuso sexual infantil, lo cual consideramos exiguo. Y si bien existe el derecho a la libertad condicional, este no debe aplicarse como una ecuación matemática: hay que analizar perfiles y condiciones de reinserción”, advirtió.
Gutiérrez lamentó que el imputado, residiera a escasos metros de ella. “Las restricciones deben garantizarse con mecanismos concretos. Hoy tenemos mil tobilleras electrónicas ociosas. Estas herramientas pueden evitar tragedias si se solicitan y ordenan a tiempo”, señaló.
El ministro recordó que toda muerte violenta amerita autopsia, no solo por protocolos nacionales sino también internacionales. “Este procedimiento debió aplicarse de inmediato. Nos vimos obligados, junto con la ciudadanía, a exigirlo públicamente”.
Sobre la actuación de los operadores de justicia, Gutiérrez sostuvo que el Estado ha hecho esfuerzos conjuntos para fortalecer la persecución penal, pero que la clave está en la correcta aplicación de las leyes. “Respetamos el principio de independencia de poderes. No podemos intervenir en sentencias o procesos. Pero sí podemos auditar, alertar y cooperar”, afirmó.
Confirmó que el Ministerio de la Niñez ya solicitó formalmente una auditoría del expediente y que el Poder Judicial ha mostrado apertura ante otros casos similares en el pasado.
Además de reforzar el trabajo coordinado entre instituciones, Gutiérrez adelantó que propondrá incluir en el ordenamiento penal paraguayo la figura de “prisión permanente revisable”, un régimen que permitiría evaluar periódicamente la reinserción de condenados por delitos graves contra menores. “No es cadena perpetua. Es un modelo en el que la libertad solo es posible si se demuestra, con estudios técnicos, que el condenado no representa un peligro para la sociedad”, explicó.
El ministro reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional, subrayando que la protección de la niñez requiere no solo leyes, sino voluntad política, mecanismos eficaces y respuestas preventivas.
