El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, confirmó que avanza una investigación para identificar a los responsables de la creación de celdas privilegiadas en las penitenciarías, así como de la introducción irregular de bebidas y sustancias prohibidas.
Según explicó, el procedimiento se inició con la recolección de datos y testimonios de funcionarios y personas privadas de libertad. “La difusión pública de las irregularidades precipitó el desmantelamiento de estas celdas, pero nuestro objetivo es ir más allá y reunir evidencias suficientes para abrir causas penales por cohecho pasivo y corrupción”, señaló.
Denuncias y testimonios
Las investigaciones se originaron tanto en denuncias anónimas como en declaraciones de reclusos y funcionarios que solicitaron reserva de identidad por motivos de seguridad. Maciel destacó que los testimonios aumentan cuando los responsables comienzan a ser separados de sus cargos o procesados.
Actualmente, la Dirección de Asuntos Internos se encuentra recolectando declaraciones de guardiacárceles, especialmente de los más antiguos, así como de internos que habrían tenido acceso a beneficios indebidos a cambio de dinero.
Desmantelamiento y reacondicionamiento
El Ministerio de Justicia inició el proceso de desmantelamiento de las celdas irregulares y reacondicionará esos espacios para los fines originales, como áreas sanitarias o talleres.
“Lo importante es identificar el sistema que permitió estas desigualdades y desmontar esos esquemas de corrupción”, afirmó el viceministro.
Problemas estructurales y tecnológicos
Maciel diferenció la situación de las penitenciarías tradicionales —marcadas por hacinamiento e infraestructura deteriorada— de las unidades del nuevo modelo penitenciario, diseñadas para impedir privilegios indebidos.
En relación al uso de inhibidores de señal, recordó que su aplicación fracasó en el pasado por la mala gestión de algunos funcionarios. Sin embargo, sostuvo que existen al menos tres tecnologías posibles a ser reimplementadas, aunque limitadas por restricciones presupuestarias.
Capacitación de funcionarios
Otro de los desafíos señalados es la formación del personal penitenciario. Actualmente, el 21% de los 2.300 agentes no completó el bachillerato, lo que limita sus posibilidades de capacitación técnica y de acceso a mejoras salariales.
“El camino para romper este círculo es mejorar la calidad de nuestros funcionarios. Solo con preparación podremos exigir mejores remuneraciones y lealtad a la institución”, remarcó Maciel.
