En una jornada marcada por movilizaciones de gremios de la salud, la educación y otros sectores del servicio público, la doctora Rossana González, referente del Sindicato Nacional de Médicos, cuestionó duramente el proceso impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el régimen de jubilaciones de la Caja Fiscal, al considerar que se avanza “sin información completa, sin debate técnico real y sin participación efectiva de los trabajadores”.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, González sostuvo que los profesionales de la salud, al igual que otros funcionarios públicos, no se oponen a una reforma en sí misma, pero exigen que sea integral, transparente y basada en estudios actuariales accesibles. “La semana pasada recién nos presentaron los cálculos actuariales en la comisión bicameral. Nadie había visto esos números antes. ¿Cómo se puede modificar un sistema si no se conoce cuántos activos y pasivos hay por sector, cuál es el déficit real y cómo evolucionará en el tiempo?”, planteó.
La Caja Fiscal concentra a la mayoría de los funcionarios públicos: médicos, docentes, policías, militares, jueces y personal administrativo, cada uno con criterios jubilatorios distintos. “Hay sectores con reducción de edad por hijos, otros con seguros adicionales, otros con porcentajes diferentes y años de aporte variables. Ni siquiera quienes estamos dentro del sistema entendemos completamente qué beneficios tiene cada sector”, afirmó.
En el caso de los médicos, explicó que los requisitos actuales son de 30 años de aporte con 60 años de edad para jubilarse con el 100%, o 25 años de aporte con 55 años de edad para acceder al 90%. “Son de los criterios más exigentes que existen hoy en la Caja Fiscal”, señaló.
González recordó además que hasta hace pocos años los médicos debían aportar 40 años para jubilarse, situación que motivó una larga lucha gremial. “En 2019 realizamos nuestro propio cálculo actuarial. En ese momento había 12 médicos activos por cada médico jubilado. Hoy ingresaron unos 10.000 médicos más al sector público, lo que incluso mejora esa relación”, sostuvo.
Aporte exclusivo del trabajador y ausencia del Estado
Uno de los puntos más críticos, según la referente sindical, es que los funcionarios de la Caja Fiscal aportan actualmente el 16% de su salario para jubilación, sin contribución patronal del Estado. “En cualquier régimen jubilatorio el empleador aporta. En el IPS, el patrón aporta 16,5%, el trabajador 9% y el Estado debería aportar 1,5%. En la Caja Fiscal, el trabajador pone todo y el Estado nada”, afirmó.
El proyecto oficial, indicó, plantea que el Estado aporte un 3%, pero al mismo tiempo elevar el descuento al trabajador al 19%. “Hoy, sobre un salario de cinco millones de guaraníes, un médico aporta alrededor de 850.000 guaraníes. Con la reforma, pasaría a aportar más de un millón. Y no existe ninguna garantía de que el Estado cumpla efectivamente con su parte, porque históricamente no lo hizo ni siquiera en el IPS”, advirtió.
Otro punto cuestionado es la intención de fijar un tope jubilatorio de 24 millones de guaraníes, incluso para médicos que suman ingresos de varios cargos dentro del sector público. “Un médico puede trabajar en hospitales del Ministerio de Salud, en el Hospital de Clínicas o en servicios policiales y militares. Aunque la sumatoria supere ese monto, no podrá jubilarse por encima del tope. Eso quita todo incentivo a seguir trabajando en el sector público”, sostuvo.
Reclamo de mesa técnica y consenso
Para el gremio médico, la salida pasa por instalar una mesa técnica con participación del Gobierno, los sectores afectados y economistas independientes. “Estamos dispuestos a ceder en algunos puntos, pero con información completa y buscando equilibrio entre todos. Lo que no se puede aceptar es que se impongan criterios al azar: subir edad, subir aportes, sin un estudio serio”, afirmó González.
También cuestionó el procedimiento legislativo. “Los proyectos se modifican horas antes de ser tratados, muchos diputados ni siquiera los leen y luego se votan por línea. Así no se puede decidir el futuro previsional de cientos de miles de trabajadores”, agregó.
González subrayó que el problema no es exclusivo de médicos o docentes. “Es una crisis estructural de todas las cajas del país, producto de décadas de mala administración y de la ausencia del Estado como garante de la seguridad social”, dijo.
Las movilizaciones de este martes, tanto en Asunción como en distintos puntos del país, buscan precisamente frenar un tratamiento “apresurado” y forzar la apertura de un proceso de discusión amplio.
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