Un informe de inteligencia del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, remitido a la fiscala Ruth Benítez, sostiene que días antes de los allanamientos del 21 pasado se habría realizado el traslado de documentos desde la oficina de la abogada Zully Ortiz García. El periodista Carlos Benítez, director de El Observador, afirmó en Central Radio 1140 AM que también se analiza un video en el que se observa a una mujer arrojando papeles al fuego frente al estudio jurídico, un hecho que, de confirmarse, podría constituir un intento de eliminación de evidencias en una causa vinculada a amenazas a periodistas y conectada al esquema conocido como “mafia de los pagarés”.
El periodista Carlos Benítez, explicó al aire que la diligencia realizada por el Ministerio Público se apoyó en ese informe, que advertía sobre una posible filtración de información y el ingreso de personas al estudio jurídico antes del procedimiento. “La diligencia se hizo con base a un informe policial que refería que posiblemente se habría filtrado información… personas habrían ingresado antes del allanamiento al estudio jurídico y habían trasladado algunos documentos en otro lugar”, señaló.
Amenazas a periodistas
Benítez contextualizó que la fiscala Ruth Benítez de la unidad de delitos informáticos, conduce una causa que, si bien guarda relación con la “mafia de los pagarés”, nace como una investigación “paralela” centrada en amenazas y coacciones contra periodistas de El Observador.
“Esta causa guarda relaciones específicamente con las amenazas y coacciones que sufrimos a raíz de las publicaciones a través de perfiles falsos”, dijo. Recordó además un hecho de alta gravedad: “Después del atentado de que fue objeto mi vivienda particular, realizaron dos disparo desaparecieron todos los perfiles falsos”.
De acuerdo con su relato, el avance fiscal se dio a partir de la identificación de un perfil que permaneció activo: “Quedó un perfil con el nombre de Luis Alberto Quintana que permitió a la fiscalía avanza y culminó con la detención del señor Luis Alberto Quintana, que es un mecánico de profesión”. Esa línea llevó a Evelyn Paredes, quien, según indicó, sería pareja del detenido y, posteriormente, a la abogada Zully Ortiz García.
Video bajo análisis: papeles al fuego frente al estudio jurídico
Además del presunto traslado de documentos, en el programa se mencionó un video que mostraría quema de papeles frente al estudio jurídico, previo al allanamiento. Benítez confirmó que el material fue acercado a su medio y que sería remitido al Ministerio Público para su análisis. “Ese es otro video, corresponde al estudio jurídico de la abogada, nosotros lo vamos a envia al Ministerio Público para que forme parte de toda esta investigación”, explicó.
“Estamos ante una mafia… y la mafia forma parte lógicamente del crimen organizado”.
Jueces de paz acusados y procesos hacia juicio oral
Benítez describió que el caso tomó fuerza pública desde octubre de 2024, tras publicaciones y el impulso de una auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia en juzgados de paz identificados como nodos del esquema. Señaló juzgados y magistrados vinculados a investigaciones y medidas, incluyendo destituciones y renuncias.
Entre los avances, destacó el caso de la jueza Natalia Garcete, destituida por el Jurado de Enjuiciamiento y con disposición de juicio oral y público, al comprobarse su mal desempeño y su grosera implicancia en los procesos fraudulentos vinculados a cobro de guaraníes, según explicó. El juzgado de paz de San Roque a cargo de Liliana González que se vio obligada a renunciar cuando el jurado pidió su suspensión a la corte y Víctor Rodríguez que era del juzgado de paz de la Recoleta, que también renunció y que está con dos procesos penales.
Además, en el caso concreto de la abogada Zully Ortiz García, la imputación más fuerte se realizó por un equipo de fiscales encabezados por Belinda Bobadilla, Irán Suárez, que es de la zona del Chaco, y la fiscal Silvia Sosa, todas forman parte de un equipo de trabajo integrado por el fiscal general y guarda relaciones específicamente con el juzgado de paz de Villa Hayes. Citó un dato central: la imputación fiscal sostendría que se fraguaron o tramitaron “dos mil cuatrocientos seis juicios ejecutivos”. “Reitero: dos mil cuatrocientos seis juicios ejecutivos”, enfatizó al aire.
El periodista también afirmó que hay nuevos frentes de auditoría y que “tiene que salir más nombres”, mencionando el Juzgado de Paz de Luque como otro foco, con suspensión de la jueza y hallazgos que, de confirmarse, implicarían irregularidades graves en el manejo de expedientes.
Dimensión social y económica: víctimas, montos estimados y sospechas de enriquecimiento
Según Benítez, la coordinadora de víctimas registra “alrededor de 17 mil personas” afectadas, con presunción de que podrían ser más. En la entrevista, se mencionó una estimación global de dinero vinculado al esquema: “2.2 billones de guaraníes, 300 millones de dólares”.
El periodista añadió datos sobre presuntas fortunas sin respaldo aparente, citando informes atribuidos a la Contraloría: indicó que la magistrada Analía Cibils investigada “no pudo justificar más de 850 millones de guaraníes”, sin considerar inmuebles, y que se habría detectado que “uno de los ujieres tenía más de dos mil millones de guaraníes en su cuenta bancaria… un ujier que gana tres millones de guaraníes”.
El rol de la prensa y la presión sobre la Corte
Benítez sostuvo que el acompañamiento de los medios resulta decisivo para evitar que las causas se “congelen”. “Cuando nosotros dejamos de publica, el poder económico o el poder político negocia para que estas causas queden congeladas”, afirmó. También resaltó el papel de la coordinadora de víctimas y el pedido para suspender matrículas de abogados procesados, citando al ministro Gustavo Santander: “El daño que están causando es irreparable”.
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