Cristina Alarcón, agente penitenciaria y representante del Sindicato del Centro y Penitenciario del Paraguay (Sitracepen), ha confirmado que la huelga de hambre de los funcionarios se intensifica. A los nueve manifestantes iniciales se sumarán al menos otras 10 personas, una medida que, según Alarcón, es «histórica» y representa la unión de todos los trabajadores del sector en el país.
Sin afectar la operatividad en las cárceles
A pesar de la huelga, la portavoz sindical asegura que la operatividad de las penitenciarías no se ha visto comprometida. La estrategia es que solo dos o tres funcionarios de cada institución participen en la protesta, permitiendo que el resto mantenga el funcionamiento normal. Alarcón mencionó que entre los manifestantes se encuentran representantes de diversas cárceles, como Buen Pastor, Panchito de Itaguá y Tacumbú, lo que demuestra un frente unido sin debilitar el servicio.
Los motivos de la protesta: acuerdos rotos y condiciones precarias
La huelga de hambre surge de un profundo malestar entre los trabajadores por el incumplimiento de acuerdos previos con el Ministerio de Justicia. Alarcón detalló los principales reclamos:
- Promesa de recategorización salarial: Afirmó que el Ministerio había prometido un aumento salarial de 1.500.000 Gs., una medida que había generado ilusión entre los funcionarios, ya que hace 14 o 15 años que no tienen una recategorización. Sin embargo, este acuerdo no se concretó, lo que calificó como una falta de respeto y un «juego con las ilusiones de las personas».
- Desprecarización laboral: El sindicato exige que los 740 contratados antiguos, algunos con hasta 10 años de servicio, sean nombrados. Estos trabajadores no solo carecen de beneficios como seguro médico o seguro por peligrosidad, sino que además, sus salarios, que rondan los 2.500.000 Gs., están por debajo del salario mínimo legal.
- Seguro médico deficiente: El tercer punto de la protesta es la exigencia de un seguro médico digno. Alarcón criticó duramente a la empresa proveedora, Samaca Cardiotec, calificándola de «empresa de maletín» y denunciando que evade la atención de los funcionarios bajo el pretexto de que sus padecimientos son «crónicos», incluso para enfermedades comunes. Según la sindicalista, la falta de una cobertura adecuada ya ha costado la vida de dos compañeros, una situación inaceptable para un trabajo que, a su parecer, implica manejar vidas y enfrentarse a riesgos de salud constantes.
Negociaciones estancadas y la postura del ministro
Alarcón lamenta que, a pesar de las reuniones con funcionarios del ministerio, no han logrado una audiencia directa con el ministro de Justicia. Acusó al titular de la cartera de enviar representantes sin poder de decisión, prefiriendo «hacer lobby entre los internos» y descuidar a sus propios funcionarios, que son quienes realmente mantienen el sistema.
La huelga, que comenzó como paros de una hora hace tres semanas, escaló a una medida extrema ante la falta de respuestas. El sindicato ha decidido continuar la protesta hasta lograr sus objetivos, con el lema «vencer o morir», un reflejo de su desesperación ante un salario que ya no alcanza para la canasta familiar.
