En el marco de la implementación de la Ley 7389-24, que otorga nuevas funciones a la Contraloría General de la República en la prevención de la corrupción a nivel nacional, Clara Aquino, directora general de Integridad y Transparencia, compartió detalles sobre el trabajo que se está llevando adelante en este ámbito.
La ley, que entró en vigencia el 3 de diciembre del año pasado, tiene como objetivo principal mejorar la transparencia en la gestión pública. Según Aquino, la Contraloría no solo trabajará en la supervisión y control de las acciones del Estado, sino también en la promoción de una cultura de integridad en todos los sectores del país. «Nosotros estamos estableciendo una hoja de ruta para aplicar estas medidas, con indicadores y plazos específicos que nos obligarán a llevar adelante esta función nueva», afirmó.
El proceso para desarrollar este plan ha sido exhaustivo. Durante el mes de enero, el equipo de la Contraloría, con la colaboración del Banco Mundial, estuvo trabajando intensamente para definir qué se quiere lograr y en qué periodo. Aquino destacó que, además de la implementación de las nuevas funciones, se ha ajustado la estructura organizacional de la Contraloría para integrar la prevención de la corrupción en las tareas habituales de la institución. “Estamos alineando estas nuevas responsabilidades con las funciones tradicionales de control de nuestra institución”, explicó.
Uno de los avances más significativos de este plan es el lanzamiento del Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas, que se llevará a cabo este martes. A través de este portal, los ciudadanos podrán realizar denuncias sobre actos de corrupción de forma confidencial. Aquino destacó la importancia de este portal, señalando que permitirá un manejo más eficiente y exclusivo de las denuncias por parte de la Contraloría. «Este portal contará con dos modalidades: una en la que el ciudadano se identifica plenamente y otra con protección para el denunciante», explicó. La modalidad con protección garantizará el anonimato de quienes se animen a denunciar, un aspecto crucial en un contexto en el que muchas personas temen represalias por denunciar actos de corrupción.
El sistema de protección de denuncias incluye un cifrado automático de los datos del denunciante, de modo que solo podrán ser accesibles por orden de un juez o fiscal. Esta medida busca dar confianza a los ciudadanos, especialmente a los funcionarios públicos, quienes temen perder su empleo o enfrentar consecuencias por exponer irregularidades.
Además de este portal, Aquino mencionó que la Contraloría también trabajará de cerca con municipios y gobernaciones para fortalecer la transparencia activa en la gestión gubernamental. La creación de una cultura de transparencia es uno de los ejes fundamentales de la nueva ley, y desde la Contraloría se están tomando medidas para garantizar que se cumpla.
A pesar de estos avances, Clara Aquino reconoció que aún queda mucho por hacer para erradicar la corrupción en el país. La falta de incentivos para que los ciudadanos denuncien y la desconfianza en las instituciones siguen siendo grandes obstáculos. Sin embargo, con la implementación de esta nueva herramienta y el compromiso de la Contraloría, se espera dar un paso importante en la lucha contra la corrupción en el país.
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