La abogada Lucía Ishiy, en representación de la Defensoría del Pueblo, dio detalles sobre una grave denuncia relacionada con medicamentos vencidos que pertenecen al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). Según la defensora, el INCAN habría tenido lotes de medicamentos vencidos desde el año pasado, los cuales son cruciales para el tratamiento de pacientes oncológicos.
Ishiy expresó su preocupación por la falta de transparencia y las constantes contradicciones por parte de las autoridades del INCAN y el Ministerio de Salud, quienes, hasta la fecha, no han presentado informes oficiales que respalden sus declaraciones en los medios.
«Desde noviembre estamos en conversaciones con la doctora Javivi, directora del INCAN, sobre esta situación. Ella está al tanto de los hechos irregulares, pero no ha tomado ninguna medida», comentó Ishiy. Además, la abogada detalló que se trató de medicamentos con nombre específico para pacientes individuales, que fueron enviados bajo la modalidad de uso compasivo y no pueden ser reutilizados ni canjeados, como alegaron las autoridades.
La Defensoría del Pueblo, ante la falta de respuestas concretas y documentadas, ha solicitado medidas urgentes para resolver la situación. A pesar de que en los últimos días se entregaron nuevos lotes de medicamentos, Ishiy subraya que las autoridades deben rendir cuentas de los medicamentos vencidos y de las razones por las cuales no se tomaron las medidas adecuadas antes.
En cuanto al impacto de esta situación, la abogada agregó que los amparos presentados por los pacientes afectados son cada vez más numerosos, llegando a más de 100 por mes, reflejando el desespero de los afectados por la falta de tratamientos adecuados y a tiempo.
«Esto es un caso criminal», señaló la abogada, haciendo énfasis en que el INCAN y el Ministerio de Salud deben rendir cuentas por sus acciones y brindar respuestas claras y documentadas a las familias de los pacientes oncológicos.
La Defensoría del Pueblo sigue comprometida en el seguimiento de estos casos y ha solicitado a las autoridades que se tomen las medidas correspondientes para garantizar que los pacientes reciban los medicamentos que necesitan para su tratamiento y que la justicia se haga cumplir.
