El titular del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Carlos Romero, explicó los alcances del reciente listado de 22 cooperativas cuya personería jurídica fue cancelada, aclarando que estas decisiones son el resultado de procesos administrativos y legales previamente concluidos, y no medidas tomadas de manera arbitraria.
Un proceso con varias etapas
Romero detalló que la cancelación de una cooperativa pasa por un procedimiento que inicia con la detección de irregularidades durante las fiscalizaciones.
Cuando se confirman inconsistencias y se incumplen los planes de acción dispuestos por el ente regulador, se procede al retiro de la licencia de operación. Posteriormente, se nombra una comisión liquidadora, elegida por los propios socios, y se realiza la liquidación de activos hasta llegar a un cierre definitivo.
“Lo publicado por el Incoop es la etapa final de un proceso que puede durar años, incluso décadas. Un caso atípico es el de la Cooperativa Minga Guazú, que lleva más de 35 años en proceso de retiro de licencia debido a numerosos activos aún pendientes de transferencia legal”, explicó Romero.
Perjuicio a ahorristas y rol de la justicia
El titular del INCOOP señaló que, en algunos casos, como en la última cooperativa intervenida, se detectaron situaciones que podrían haber perjudicado a ahorristas, aunque aclaró que el organismo solo tiene competencia administrativa.
“Nosotros controlamos, verificamos y sancionamos desde el punto de vista administrativo. Si existen hechos punibles, corresponde a la justicia investigar y aplicar las sanciones penales que correspondan”, puntualizó.
Transparencia y control interno
Romero recordó que existe un ranking público de cooperativas, según sus activos, disponible en la página web del INCOOP. Sin embargo, enfatizó que el primer control recae en los propios socios, quienes tienen el derecho y la obligación de participar activamente en las asambleas, exigir balances y elegir a los órganos de gobierno.
“La cooperativa es una sociedad de dueños. Cada socio es propietario de una parte de la entidad y debe ejercer ese derecho. La autorregulación interna es clave para un funcionamiento sólido y sostenible”, subrayó.
Finalmente, Romero instó a los socios a utilizar las herramientas digitales y los canales oficiales del INCOOP para verificar la situación de sus cooperativas, fortalecer la transparencia y prevenir irregularidades en la gestión.
