El MOPC aseguró que las pantallas electrónicas en Ciudad del Este operaban sin autorización desde 2024 y reiteró que su retiro se debe a la seguridad vial. La controversia estalló tras la difusión de imágenes ofensivas que la empresa atribuyó a un presunto hackeo.
MOPC afirma que los carteles operaban sin respaldo legal
José Arévalo, director jurídico del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), explicó en entrevista con Central Radio 1140 AM que la institución rescindió en 2024 los convenios que permitían la instalación de pantallas electrónicas en franjas de dominio público, tanto en Asunción como en Ciudad del Este.
Según indicó, desde entonces el ministerio mantiene un proceso permanente de retiro de estructuras por considerarlas incompatibles con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. «Tenemos una orden clara de no parar hasta despejar toda la franja de dominio», sostuvo el director.
La polémica se disparó por imágenes difundidas en Ciudad del Este
El caso cobró notoriedad luego de que aparecieran en una pantalla imágenes de contenido político y deportivo que generaron indignación ciudadana y derivaron en daños contra la estructura.
Arévalo aclaró que el MOPC no autoriza ni controla el contenido de los anuncios exhibidos en esas pantallas y señaló que la empresa responsable alegó haber sido víctima de un hackeo informático.
«La empresa quitó un comunicado donde sostiene que el sistema fue hackeado y que las imágenes fueron colocadas por terceros», explicó al respecto.
Seguridad vial, el argumento central para el retiro
Más allá del contenido exhibido, el funcionario insistió en que el principal problema radica en la ubicación de estas estructuras.
Indicó que muchas pantallas afectan la visibilidad de conductores y peatones, generan encandilamiento por su intensidad lumínica y representan riesgos de colisión al encontrarse demasiado cerca de la calzada.
«Hay carteles cuyas estructuras están prácticamente dentro del área de circulación y otros que impiden ver correctamente al salir de una bocacalle», afirmó.
Posibles sanciones y debate sobre la regulación
Arévalo confirmó que el proceso de remoción continúa y que las empresas responsables podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso asumir los costos del retiro de las estructuras.
Además, consideró necesario abrir una discusión más amplia sobre la regulación de la cartelería digital y los riesgos que implica la difusión instantánea de contenidos en pantallas electrónicas ubicadas en espacios públicos.
«Una pantalla puede cambiar su contenido en segundos. Eso plantea desafíos distintos a los de una valla publicitaria tradicional», advirtió el director.
La remoción sigue dos años después de rescindidos los convenios
Arévalo reconoció que el operativo continúa pese a que los acuerdos fueron anulados hace dos años. Explicó que el desmontaje requiere procedimientos técnicos complejos para evitar daños materiales y garantizar la seguridad durante las tareas.
El episodio ocurrido en Ciudad del Este abrió así el debate sobre la legalidad de estas estructuras, la responsabilidad sobre los contenidos difundidos y los riesgos que representan para la seguridad vial.
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