La estrategia del Gobierno para responder a la demanda ciudadana de seguridad en Asunción y el área metropolitana pasa por aumentar el número de policías en las calles, acelerar la formación de nuevos suboficiales y endurecer los controles internos.
Así lo sostuvo el comisario Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna, durante una entrevista en Central Radio 1140 AM, donde explicó las razones por las que Encarnación muestra índices más favorables, detalló el plan de incorporación anual de 5.000 nuevos agentes y defendió los protocolos de actuación en manifestaciones y desalojos.
Encarnación como modelo: coordinación local y tecnología compartida.
Consultado sobre qué diferencia a Encarnación de Asunción en materia de seguridad, Pereira afirmó que el factor clave es una coordinación constante entre autoridades locales y departamentales con la Policía Nacional, además de un uso articulado de tecnología.
En Encarnación existe una oficina regional del sistema 911 y se trabaja con monitoreo de cámaras en coordinación con el municipio, lo que permite una respuesta más integrada. También apuntó a variables sociales y comunitarias que inciden en la convivencia: “Hay una coordinación permanente entre las autoridades locales, las autoridades departamentales y la Policía Nacional”, sostuvo.
Asunción y Central: territorios sociales y consumo de drogas.
El viceministro indicó que el principal diferencial es la demografía y la migración interna hacia la capital, sumado a la complejidad de determinados “territorios sociales”. En ese punto, mencionó un dato que, según señaló, fue detectado al inicio del actual gobierno: un promedio de 90.000 jóvenes menores de 25 años afectados por consumo de sustancias, con impacto directo en la seguridad urbana.
Más policías en la calle: de 28.000 a casi 39.000.
Pereira explicó que en 2023, al asumir el gobierno actual, la Policía contaba con 28.000 efectivos, pero la disponibilidad real para prevención era limitada: en turnos de 12 horas, se cubría el servicio nacional con entre 10.000 y 11.000 agentes.
Frente a esa brecha, indicó, el Gobierno tomó una decisión estratégica: incorporar 5.000 policías por año. De acuerdo con su exposición, con los egresos 2024 y 2025 la institución aumentó su capacidad “a casi 39.000 hombres”.
Aclaró que la cifra de “50.000 policías para 2028” apunta al total acumulado de fuerza efectiva, no a una incorporación adicional completa: el cálculo surge de sumar el plantel base más las promociones anuales proyectadas. “La fuerza efectiva total de la policía podría alcanzar los 50.000”, afirmó.
También justificó la meta con un estándar internacional: “Lo ideal sería contar con 3 policías cada 100 habitantes”; y sostuvo que Paraguay, con el aumento, buscaría aproximarse a ese promedio.
Un año de instrucción y práctica supervisada.
Pereira explicó que anteriormente la preparación de suboficiales era de dos años, pero que para responder a la urgencia operativa se adaptaron mallas curriculares de otros países como Colombia, Brasil, Chile y Argentina.
Detalló que la formación se estructura en cuatro ejes:
- Procedimientos policiales (denuncias, actuaciones, trabajo diario en comisarías).
- Táctica policial (intervenciones y uso correcto de armas).
- Derechos humanos.
- Ética, civismo y educación financiera.
El debate sobre “respeto” a la autoridad.
La distancia entre el respeto social hacia la Policía en Paraguay y el que se observa en países con fuerzas altamente disuasivas. Pereira respondió que la confianza “se gana” y que el objetivo del gobierno es dejar una policía profesional y autónoma, “una policía de la nación”, no subordinada a intereses partidarios.
Sobre la intervención en manifestaciones y desalojos, sostuvo que existen protocolos y que en estos dos años se priorizó el diálogo y la disuasión mediante presencia superior en número para evitar confrontaciones. Afirmó que no se registraron intervenciones con “uso excesivo de la fuerza” y que el esquema busca equilibrar el derecho a manifestarse con el derecho al libre tránsito.
Polígrafo para ascensos.
El viceministro explicó que la ley orgánica establece la prueba de polígrafo como parte del proceso para ascender a ciertos grados y ocupar cargos relevantes. Describió el examen como un filtro de “integridad y confiabilidad” y sostuvo que es excluyente: un oficial puede tener excelentes calificaciones, pero si no aprueba esa prueba, no accede al siguiente escalón.
Crimen organizado y coordinación con Brasil.
Pereira señaló que el trabajo se realiza “articuladamente” con otras instituciones y con países vecinos. En el caso de ciudadanos brasileños requeridos por la justicia, mencionó protocolos de expulsión o inadmisión y la entrega inmediata a fuerzas de seguridad del Brasil cuando se detecta ingreso irregular.
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