La reciente fuga de ocho reclusos en la Penitenciaría de Minga Guazú, sigue bajo investigación del Ministerio Público. El Fiscal Alcides Giménez, encargado del caso, detalló que está llevando a cabo el proceso de recolección de pruebas y testimonio, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
En este sentido, el fiscal explicó que se están interrogando a alrededor de 35 personas, todas relacionadas con la custodia de la penitenciaría el día de la fuga. «Este proceso incluye a los guardiacárceles involucrados, además de los militares que custodiaban el penal», señaló Giménez. El trabajo está centrado en determinar si existió una facilitación deliberada de la fuga por parte de los encargados de la seguridad. Según las primeras evidencias, las cámaras de seguridad estaban fuera de servicio en el momento del incidente y se encontraron esposas y cadenas de seguridad con las llaves puestas, lo que indica que alguien las proveyó a los fugados.
El fiscal también mencionó que el Director de la penitenciaría está siendo investigado como parte del protocolo de trabajo que rige para estos casos. Sin embargo, una de las preocupaciones más grandes en este caso es que, aunque el penal estaba bajo supervisión, aún no contaba con un sistema de cámaras completamente funcional, ya que la empresa encargada no había finalizado el trabajo correspondiente.
En cuanto a la duración de la investigación, el Fiscal Alcides Giménez indicó que se utilizará todo el tiempo procesal disponible, que es de seis meses, para presentar las acusaciones correspondientes. Durante este tiempo, se solicitará la detención preventiva de los cinco guardiacárceles implicados para evitar cualquier intento de complicidad o preparación de una estrategia de defensa.
Este caso pone nuevamente en la mesa la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad en los establecimientos penitenciarios del país y de garantizar que los sistemas de monitoreo funcionen de manera adecuada para evitar futuros incidentes.
