El expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, sostuvo que una tarifa subsidiada durante 15 años para Atome podría afectar las finanzas de la ANDE y generar reclamos de otras industrias.
El ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), advirtió que la eventual concesión de una tarifa preferencial a la empresa Atome podría ocasionar un perjuicio patrimonial a la estatal y trasladar costos futuros a los usuarios paraguayos.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, Ferreira vinculó el reciente cambio en la presidencia de la ANDE, de Félix Sosa a Miguel Báez, con las diferencias surgidas alrededor de los contratos para grandes consumidores electrointensivos. Aclaró, sin embargo, que el impacto real de la nueva administración solo podrá evaluarse cuando se conozcan sus decisiones.
“El único caso que probablemente no se podía hacer con el ingeniero Sosa, y tengo la esperanza de que tampoco se pueda hacer con el nuevo presidente, es firmar estos contratos subsidiados”.

Pide vigilar un posible perjuicio para la estatal
Ferreira sostuvo que el nuevo titular de la ANDE debe actuar conforme a la carta orgánica de la institución y no responder a presiones políticas.
“Tenemos que estar atentos a que no exista un daño patrimonial contra la ANDE. “Un presidente de la ANDE no puede hacer nada contrario a su carta orgánica. No le debe gentileza al presidente de la República; le debe respeto a las leyes y a los usuarios de la ANDE”.
El exfuncionario explicó que la propuesta analizada para Atome contemplaría una tarifa inicial cercana a USD 25 por megavatio hora fuera del horario de punta, con un promedio aproximado de USD 30 y una vigencia de 15 años.
Según afirmó, esas condiciones serían inferiores a los costos reales que debe afrontar la estatal.
“En ningún momento la ANDE podría vender esto a 25 dólares. Eso con seguridad. El costo varía según la hora y según el momento, pero no hay ningún momento en el cual la ANDE podría vender a 25”.
Cuestiona compromisos por 15 años
Ferreira señaló que el precio de la energía no es el único costo que debe considerar la ANDE. A este deben sumarse las pérdidas, la transmisión, la infraestructura y las inversiones futuras. Indicó que los estudios técnicos de la institución situarían la tarifa técnica cerca de USD 50 por megavatio hora a partir de 2027. También cuestionó que se pretenda establecer un precio de largo plazo cuando todavía no están definidas las condiciones energéticas posteriores a 2026.
“Mientras no cerremos el Anexo C, la tarifa de Itaipú y cómo quedará el acuerdo operativo, es muy difícil hacer un compromiso para el periodo 2027-2042. Es irresponsable”.
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Nuevas fuentes de energía tendrán mayor costo

El expresidente de la ANDE explicó que Paraguay todavía dispondrá durante algunos años de excedentes, principalmente en invierno y fuera de las horas de mayor consumo. Sin embargo, advirtió que el país deberá incorporar posteriormente nuevas fuentes de generación, cuyo costo será superior al de las binacionales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá.
“En algún momento habrá que tener nueva generación, que es más costosa. Esa generación más costosa la tienen que pagar los nuevos que entran”.
Ferreira defendió que los consumidores nacionales conserven el beneficio de la energía más barata producida por las hidroeléctricas financiadas durante décadas por Paraguay.
“No podemos admitir que venga una empresa (extranjera) y quiera la energía barata, pero le deje a una empresa paraguaya o a un consumidor paraguayo la energía cara”.
Subsidios deben establecerse por ley
Ferreira sostuvo que una tarifa subsidiada solo debería aplicarse mediante una ley y bajo condiciones iguales para todos los consumidores de una misma categoría. Advirtió que otras industrias podrían reclamar el mismo tratamiento si la ANDE concede ventajas particulares a una empresa electrointensiva.
El exfuncionario aclaró que el debate no debe centrarse únicamente en atraer inversiones, sino también en determinar quién asumirá los costos cuando Paraguay necesite ampliar su capacidad de generación. Para Ferreira, cualquier contrato de largo plazo debe respetar los costos técnicos de la ANDE, la igualdad entre consumidores y la legislación nacional, evitando que una tarifa preferencial termine siendo financiada por los usuarios residenciales y las industrias paraguayas.
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