En la mañana del 28 de enero de 2026, el criminal peruano Erick Luis Moreno Hernández (34), conocido por las autoridades como “El Monstruo”, fue trasladado desde Paraguay hacia su país de origen en cumplimiento de una orden de extradicción acordada entre los sistemas judiciales de Paraguay y Perú. La acción se concreta en un contexto de coordinación policial internacional para enfrentar delitos complejos y de alto impacto en la región.
“El Monstruo”, identificado como presunto jefe de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, fue escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta el avión que lo trasladó desde la sede de la Fuerza Aérea Paraguaya, donde culminó su procesamiento en territorio paraguayo.
Erick Luis Moreno Hernández es un ciudadano de nacionalidad peruana que, según las autoridades de ese país, dirigía una red criminal dedicada a delitos graves como secuestro, extorsión y organización criminal. Las autoridades de Perú lo señalan como cabecilla de una de las bandas delictivas más buscadas en Lima y otras regiones del país.
Desde su captura en San Lorenzo, Paraguay, en septiembre de 2025, Moreno permaneció recluido en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, en Emboscada, a la espera de las resoluciones judiciales que permitieran dar curso a los tres exhortos de extradición solicitados por Perú.
La extradición fue autorizada tras la aprobación de las solicitudes judiciales correspondientes, y este traslado marca el cierre de la etapa procesal en Paraguay para que el acusado sea remitido ante la justicia peruana y responda por los cargos que pesan en su contra.
Los hechos que culminaron con la extradición ocurrieron principalmente en Paraguay, con la ejecución final en la Fuerza Aérea Paraguaya y la entrega efectiva a representantes de la PNP. La medida tiene repercusiones en la cooperación judicial y policial entre ambos países, consolidando mecanismos de asistencia internacional en casos de criminalidad organizada.
Su traslado a Perú permite que responda ante los tribunales por delitos graves, impulsa la cooperación internacional en materia judicial y reafirma la capacidad de los sistemas de justicia de ambos países para enfrentar la criminalidad organizada.
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