En una enérgica protesta, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID), representada por Mario Rivarola, ha denunciado públicamente un «plan de exterminio» contra los pueblos indígenas. La principal razón del reclamo es la decisión unilateral del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) de cerrar la sede central en Asunción, una medida que, según Rivarola, viola gravemente la Ley 904 y el Convenio 169.
Para los pueblos originarios, el cierre de la sede central del INDI no es solo un cambio de dirección, sino un grave obstáculo para la gestión de sus necesidades más básicas. «En Asunción están centralizadas todas las instituciones que necesitamos», explicó Rivarola. «Salud, educación, agua potable, electrificación… venimos acá y aprovechamos para gestionar todo».
Aunque no se oponen a la creación de oficinas regionales, los líderes indígenas aseguran que alejar la sede central los aísla aún más. «Al final, se alejaron más de las comunidades», lamentó Rivarola, desmintiendo la promesa del gobierno de acercar la institución a los pueblos.
Lo más preocupantes es la titulación individual de tierras. «Nos quieren dar a cada uno un título para que la gente termine vendiendo rápido su tierra», advirtió Rivarola. Este plan, según él, está diseñado para despojar a los indígenas de sus territorios. A los pueblos se les ofrecerían créditos, pero sin asistencia técnica ni mercado para sus productos, lo que los llevaría a una deuda impagable y a la posterior pérdida de sus tierras a manos de sojeros, ganaderos y terratenientes.
Este plan, junto con la insistencia del Ministerio del Interior en un «plan nacional de los pueblos indígenas», genera sospechas. Rivarola lo ve como un intento de liquidar el INDI y, por extensión, la Ley 904, que protege los derechos y la tenencia comunitaria de las tierras.
Ante la falta de respuesta del gobierno, los indígenas han presentado una clara lista de exigencias:
- Reposición de la sede del INDI en Asunción.
- Presupuesto suficiente para la compra de tierras.
- Alto a los desalojos forzosos de las comunidades.
- Instalación de una mesa de diálogo nacional para abordar estos temas.
Mario Rivarola reveló que, en una reciente reunión con el ministro del Interior, este afirmó que no hay presupuesto para la compra de tierras. «No hay voluntad por parte del gobierno», concluyó el representante.
La ANIVID ha advertido que si no son escuchados, las protestas se endurecerán. «Si no nos hacen caso, vamos a salir a la ruta en mayor número», afirmó Rivarola. Lo que comenzó con cierres de rutas de una hora, podría escalar a cierres completos si el gobierno no se sienta a negociar y buscar una solución.
