El economista Sergio Sapena sostiene que el Banco Central y el Gobierno pueden ampliar la garantía de depósitos mediante un mecanismo legal vigente, sin necesidad de aprobar una nueva ley. Advierte que mantener aproximadamente USD 2.000 millones inmovilizados podría provocar una fuerte contracción económica y despidos en 2027.
El economista Sergio Sapena planteó que el Gobierno y el Banco Central del Paraguay (BCP) garanticen la devolución del 100% de los depósitos de ueno bank antes del 15 de diciembre, mediante la aplicación de un mecanismo de protección previsto en el artículo 29 de la Ley 2334.
Durante una entrevista con Central Radio 1140 AM, sostuvo que el congelamiento de aproximadamente USD 2.000 millones está afectando la liquidez de la economía y que prolongar esta situación podría comprometer la actividad comercial, el empleo y los recursos de las cajas de jubilaciones.
Propone ampliar la garantía sin aprobar una nueva ley
Sapena explicó que su propuesta consiste en que las autoridades declaren la existencia de un posible riesgo sistémico para ampliar la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Esta herramienta permitiría proteger la totalidad de los depósitos, incluidos aquellos que superan el límite ordinario de 75 salarios mínimos.
“No se pide declarar una crisis financiera, sino prevenirla. No se pide una ley nueva, ni el rescate del banco de sus dueños”, afirmó y señaló que la medida debería acompañarse de garantías escritas, un cronograma público de pagos y rendición de cuentas ante el Congreso.
Ueno bank tenía depósitos por USD 2.787 millones, incluidos fondos previsionales, fondos mutuos y recursos privados. El economista estimó que alrededor de 1,8 millones de depositantes ya recibieron sus ahorros, mientras el 70 % del dinero depositado continúa inmovilizado.

Advierte una caída del PIB y despidos si persiste el congelamiento
Uno de los principales argumentos de Sapena es que la economía no puede esperar los plazos necesarios para valorar y transferir los activos del banco. Sostuvo que mantener inmovilizados cerca de USD 2.000 millones podría provocar una caída del 4 % del PIB.
El entrevistado también pronosticó una fuerte retracción económica si no se restablece rápidamente el acceso a los depósitos. Esto porque las dificultades de liquidez ya afectan al comercio, los pagos electrónicos y la capacidad de las empresas para cumplir sus obligaciones.
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Responsabiliza al BCP y cuestiona la demora en los pagos
Sapena atribuyó responsabilidad al BCP por la crisis bancaria y sostuvo que las autoridades deben utilizar las herramientas disponibles para responder a los depositantes. “Acá la realidad es que a los ahorristas se les tiene que pagar porque la defraudación vino del Banco Central. El regulador causó esto”, afirmó el experto.
El economista consideró que las gestiones para recuperar y vender activos de las empresas vinculadas son necesarias, pero no deberían condicionar el pago inmediato a los ahorristas. También respaldó la propuesta de designar una administración para evaluar la situación de las empresas del Grupo Vázquez.

Defiende mayor emisión monetaria y cuestiona la reducción del déficit fiscal
Sapena rechazó que ampliar la garantía de depósitos necesariamente provoque inflación. Argumentó que los recursos destinados a los ahorristas reemplazarían dinero que anteriormente circulaba en la economía y que ahora permanece inmovilizado.
También propuso que el Estado utilice financiamiento mediante bonos y sostuvo que el Banco Central podría recuperar posteriormente los recursos comprometidos.
En materia fiscal, cuestionó la intención de reducir el déficit y defendió una política económica expansiva. “Al contrario, se tiene que aumentar el déficit fiscal porque hay un atraso de 30 mil millones en la economía”, manifestó.
“Están ahora a tiempo”, advierte Sapena
El especialista insistió en que el Gobierno tiene hasta el 15 de diciembre para adoptar una decisión que evite mayores consecuencias económicas.
“El Banco Central tiene la oportunidad ahora de resarcir el error”, expresó y sostuvo que, si no se utiliza el mecanismo propuesto y persisten las pérdidas económicas, las actuales autoridades también asumirían responsabilidades por no haber intervenido oportunamente.
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