El senador Carlos Núñez afirmó que los cambios introducidos por la Cámara Alta beneficiaron a policías y militares, y advirtió que la decisión final de Diputados será clave para evitar una nueva escalada del conflicto.
La discusión sobre la reforma de la Caja Fiscal sigue generando tensión política y preocupación en sectores sensibles del Estado, especialmente entre efectivos de la Policía Nacional, militares, docentes y magistrados. En ese contexto, el senador Carlos Núñez sostuvo que las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto original permitieron corregir puntos que, según dijo, perjudicaban de forma directa a los uniformados en actividad y ayudaron a contener la ola de pedidos de retiro que se había desatado en las últimas semanas.
El legislador explicó que la versión remitida inicialmente desde la Cámara de Diputados generó alarma dentro de la institución policial, al punto de impulsar solicitudes masivas de pase a retiro entre oficiales de rangos superiores que buscaban no quedar alcanzados por las nuevas condiciones.
Según Núñez, la reacción respondió al temor de que el nuevo esquema jubilatorio implicara una pérdida de derechos o un deterioro sustancial en las condiciones de retiro.
La reforma de la Caja Fiscal se discute en un contexto marcado por el déficit estructural del sistema previsional estatal, uno de los argumentos centrales del Poder Ejecutivo para impulsar modificaciones en los regímenes jubilatorios especiales. Núñez reconoció que existe un problema financiero que no puede ser ignorado, pero sostuvo que la respuesta no puede construirse a costa de los sectores más sacrificados de la función pública.
En esa línea, defendió la postura asumida en el Senado, que buscó equilibrar la necesidad de introducir ajustes con la obligación de preservar condiciones razonables para policías, militares y docentes.
Núñez explicó que, con las modificaciones introducidas en el Senado, se preserva la posibilidad de que el personal pase a retiro con el 100% del haber jubilatorio al cumplir 35 años de servicio.
También indicó que, según el esquema discutido, quienes cumplan ciertos años mínimos de aporte ya tendrían derecho al retiro con cobertura completa, aspecto que consideró especialmente relevante para sectores que desarrollan funciones de riesgo o desgaste permanente.
La atención política ahora está puesta en la Cámara de Diputados, que deberá resolver si acepta o rechaza las modificaciones introducidas por el Senado. Núñez fue enfático al sostener que la Cámara Baja debería acompañar los cambios aprobados por la Cámara Alta.
Núñez también cuestionó la forma en que el Poder Ejecutivo impulsó el proyecto, especialmente por el momento político elegido y por la falta de construcción previa de consensos técnicos y legislativos. A su criterio, se trata de una reforma demasiado delicada como para ser presentada sin una estrategia de negociación más sólida desde el inicio del mandato.
Además, consideró que este tipo de iniciativas deben presentarse al comienzo del período presidencial, para dar tiempo suficiente al debate y al estudio técnico antes de que se conviertan en un foco de conflicto político y social.
Consultado sobre las remuneraciones que perciben los efectivos, Núñez sostuvo que los ingresos actuales son insuficientes para la función que desempeñan y que esta situación termina afectando la calidad del servicio.
Desde su perspectiva, mejorar los salarios policiales no solo es una cuestión de justicia laboral, sino también una herramienta para elevar los estándares de profesionalismo y reducir la corrupción.
En el caso de la Policía Nacional, la combinación entre incertidumbre previsional, salarios bajos y temor a perder derechos adquiridos activó una reacción institucional que obligó al Senado a intervenir. Ahora, el desenlace dependerá de la postura que adopte la Cámara de Diputados y de la eventual decisión del Poder Ejecutivo una vez concluido el trámite legislativo.
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