El diputado Ariel Villagra, solicitó formalmente informes a las instituciones encargadas de velar por los derechos laborales, tras recibir denuncias anónimas que apuntan a presuntas irregularidades en las condiciones de trabajo dentro de empresas adjudicadas para la provisión de alimentos en el marco del programa Hambre Cero.
Según el legislador, las denuncias provienen principalmente de trabajadoras que, por temor a perder sus empleos, optaron por permanecer en el anonimato. “Lo que manifiestan es grave: no perciben el salario mínimo legal, sin embargo, se les exige firmar documentos que certifican haber recibido ese sueldo, sin entregarles copia alguna de dichos contratos”, señaló.
El diputado remarcó que estas empresas privadas, al contratar con el Estado paraguayo —ya sea a través del Ministerio de Desarrollo Social para la zona central o mediante las gobernaciones en el interior del país, como ocurre en San Pedro— tienen la obligación de cumplir rigurosamente las leyes laborales vigentes.
“Mínimamente, el Ministerio del Trabajo debe intervenir para garantizar que estas trabajadoras reciban el salario que les corresponde y que se respeten sus derechos. Estamos ante un posible caso de estafa a espaldas de las trabajadoras, quienes realizan una labor fundamental en beneficio de miles de niños y niñas”, expresó el legislador.
El pedido de informes busca esclarecer los hechos y determinar si corresponde aplicar sanciones a las empresas involucradas, que podrían incluir la rescisión de contratos de provisión en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.
“Estas mujeres hacen un esfuerzo enorme todos los días para brindar alimentos de calidad a los estudiantes del país. Lo mínimo que puede esperarse es que sus derechos sean respetados”, concluyó el diputado.
