Muchos padres se han visto afectados por restricciones al intentar renovar o expedir sus licencias de conducir debido a su inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Esta situación surge de una ley que impide a los padres que no están al día con las prestaciones alimentarias de sus hijos realizar diversos trámites, entre ellos la obtención de la licencia.
En diálogo con Pilar Rodríguez, jueza de la niñez y adolescencia, detalló esta normativa y las consecuencias para los morosos. Rodríguez explicó que aquellos padres que deben tres cuotas sucesivas o alternadas de la prestación alimentaria son incluidos en este registro, lo que les impide acceder a ciertos servicios, como la renovación o expedición de licencias de conducir. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales en cuanto a la asistencia alimentaria.
Además, la jueza destacó que el sistema de registro está vinculado directamente con el sistema de las municipalidades, lo que hace imposible realizar el trámite sin antes ponerse al día con las deudas alimentarias. La interconexión de los registros digitales permite que las municipalidades verifiquen si una persona está incluida en el REDAM y, en caso afirmativo, le impidan realizar la gestión de su licencia.
Aunque la ley es estricta, Rodríguez mencionó que existen excepciones. En caso de que una persona pierda su empleo, por ejemplo, puede acercarse a las autoridades para solicitar una revisión de su situación. La ley prevé que la familia pueda asumir provisionalmente la responsabilidad, y si la persona demuestra su disposición a cumplir con la deuda, se pueden tomar medidas para aliviar la situación.
Además de la licencia de conducir, otras restricciones aplican para aquellos que figuran en el registro, como la imposibilidad de obtener créditos, certificados de antecedentes o formalizar la compra o venta de propiedades, ya que los escribanos están obligados a verificar la condición del deudor alimentario antes de proceder con estos actos.
La jueza también mencionó que en algunos casos se pueden tomar acuerdos entre las partes involucradas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, como en el caso de un préstamo destinado a cubrir la deuda.
Esta ley busca garantizar que los niños reciban el apoyo económico necesario para su crianza, y aunque las restricciones puedan parecer severas, se consideran un mecanismo para proteger los derechos de los menores y fomentar el cumplimiento de las responsabilidades paternas.
