La exministra de Justicia sostuvo que Paraguay ya había declarado terroristas a estas organizaciones y advirtió que las recientes medidas carecen de credibilidad si no se depuran las instituciones infiltradas por el crimen organizado.
“La voluntad política no es real si no hay consecuencias”
La exministra de Justicia y abogada Cecilia Pérez cuestionó la reacción de las autoridades paraguayas tras la reciente decisión de Estados Unidos de catalogar al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas extranjeras.
Durante una entrevista emitida a través de Central Radio 1140 AM, sostuvo que Paraguay ya había adoptado una postura similar anteriormente, por lo que consideró llamativo que recién ahora se anuncien acciones concretas.
“Lo que no se explica es por qué recién ahora se anuncian medidas. ¿Qué cambió? Solamente la declaración de Estados Unidos”, añadió entre cuestionamientos.
Pérez afirmó que la falta de resultados en investigaciones sobre el crimen organizado demuestra la ausencia de una estrategia efectiva por parte del Estado. “Esto demuestra claramente que no hay voluntad política per se. No existe voluntad política per se”, acotó.
Caso Lalo Gómez: símbolo de infiltración
La abogada señaló que uno de los ejemplos más claros de la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado es el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez.
Según explicó, los denominados “Lalo Chats” revelaron mecanismos de protección e influencia dentro del sistema judicial y administrativo. Al respecto declaró que “El caso de Lalo Gómez es el ejemplo más reciente de la infiltración del PCC dentro del sistema de justicia”.
Asimismo, criticó la permanencia de funcionarios mencionados en las investigaciones. “Las personas vinculadas propiamente del esquema Lalo Gómez siguen en cargos delicados”.
La SENAD y al sistema de investigación
Durante la nota Pérez también cuestionó el funcionamiento de organismos encargados de combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, como es el caso de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
Recordó que, tras importantes investigaciones realizadas en años anteriores, especialmente en el marco del operativo A Ultranza Py, el impulso institucional perdió fuerza. “No vimos casi nada. Entonces, al fin y al cabo, es una medida, es un desmantelamiento solapado”, declaró.
La exministra sostuvo que la producción de los juzgados y fiscalías especializadas en crimen organizado ha disminuido significativamente. “Es casi nula la producción de esas investigaciones”, Añadió Pérez.
La bioceánica y los nuevos riesgos
Otro de los puntos abordados fue la futura Ruta Bioceánica, que conectará los océanos Atlántico y Pacífico atravesando territorio paraguayo. Pérez advirtió que la falta de planificación en seguridad posiblemente convierta esta infraestructura en una nueva vía para actividades ilícitas.
“La bioceánica, sin un plan verdadero de seguridad, va a ser un foco de tráfico de cualquier otra cosa”, comentó al respecto.
“Hay que depurar las filas”
Consultada sobre las medidas necesarias para enfrentar al PCC y al Comando Vermelho, la abogada fue categórica. Aseguró que cualquier estrategia será insuficiente mientras existan funcionarios sospechados de colaborar con estructuras criminales dentro de organismos públicos. “Primero hay que depurar las filas”, acotó en declaraciones tajantes.
Añadió que las personas señaladas en investigaciones deben ser apartadas y sometidas a procesos judiciales. Explicó que “uno no puede tener gente infiltrada trabajando en cargos clave”.
“Si no se depura, es letra muerta cualquier declaración”, concluyó al respecto.
La advertencia sobre la información sensible
Pérez también cuestionó la difusión pública de datos relacionados con operativos y medidas de inteligencia contra grupos del crimen organizado.
A su criterio, la exposición prematura de ciertas acciones termina favoreciendo a los investigados. “El investigado ya sabe que está investigado y no nos vamos para ningún lado”, añadió.
Un problema estructural
Para la exministra, la principal amenaza no radica únicamente en la capacidad operativa de organizaciones como el PCC o el Comando Vermelho, sino en su capacidad para infiltrarse en instituciones que están encargadas de combatirlas. “Hay que ponerse de acuerdo y tomar en serio las medidas”, aclaró de manera decisiva.
Pérez concluyó que las declaraciones políticas resultan insuficientes si no van acompañadas de sanciones concretas, investigaciones efectivas y una depuración institucional que permita recuperar la confianza en el sistema.
“El sistema de justicia tiene que trabajar de la mano con los organismos de seguridad”, concluyó la abogada.
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