El fiscal Fermín Segovia explicó que el juicio pendiente corresponde al adolescente acusado por la muerte de María Fernanda y que, por la ley vigente al momento del hecho, la pena máxima aplicable es de ocho años. También señaló que las condenas a los padres del joven corresponden a conductas posteriores al crimen y no a una participación como cómplices.
El proceso judicial por el feminicidio de María Fernanda, adolescente de 17 años embarazada al momento del cometido, continúa con el juicio al adolescente acusado de haber cometido el hecho, mientras ya concluyeron los procesos contra cinco personas adultas vinculadas a conductas posteriores.
En entrevista con Central Radio 1140 AM, el fiscal Fermín Segovia explicó que todas las personas adultas acusadas por el Ministerio Público recibieron condena.
“Cinco de ellas fueron condenadas, todas las personas que fueron acusadas por el Ministerio Público han quedado con condena”.
La primera sentencia fue para Mikhaella Chiara Rolón Melgarejo, amiga del principal sospechoso del crimen, con 10 años de prisión por instigación a cometer feminicidio. El segundo fue el suegro del principal sospechoso del crimen a 3 años de prisión, por no formalizar la denuncia pese a manejar información. El tercer condenado fue Franco Antonio Acosta, señalado como propietario de la farmacia que supuestamente vendió los medicamentos abortivos utilizados para inducir el aborto de la víctima, a 5 años de prisión por tentativa de aborto y frustración de la persecución y ejecución penal. Por último los padres del principal sospechoso del crimen con 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad a cada uno, por simulación de hecho punible y exposición al peligro en el tránsito terrestre.

Pena máxima de ocho años para el adolescente
Segovia explicó que el adolescente será juzgado conforme a la ley vigente al momento del hecho. El fiscal recordó que posteriormente la legislación fue modificada y elevó el máximo a diez años para casos futuros, pero esa reforma no puede aplicarse retroactivamente.
“El marco penal aplicable para adolescentes infractores, llámese mayores de 14 y menores de 18 años, era nada más que hasta ocho años (…) No podríamos solicitar más que ocho años porque eso estaría ya fuera de ley”.
Segovia adelantó que existen elementos para sostener una petición de pena máxima.
“Yo creo que hay elementos para sostener por lo menos una solicitud de sanción máxima posible”.
Según estimó, el juicio podría concluir dentro de dos a tres semanas.
¿Por qué los padres no fueron condenados como cómplices?
Consultado al respecto, el fiscal explicó las condenas impuestas a los padres del adolescente, quienes recibieron cuatro años y seis meses de prisión. Al respecto aclaró que no fueron acusados de participar directamente en la muerte de María Fernanda.
“Nunca se les ha imputado ni acusado como cómplices (…) “Nunca pudieron haber sido cómplices porque no participaron en la comisión del hecho”.
Según explicó, las conductas atribuidas ocurrieron después del hecho e incluyeron una denuncia falsa y la provisión del vehículo o motocicleta utilizado posteriormente. Por los delitos comprobados, la pena aplicada se encuentra dentro del máximo legal previsto.
Apelaciones: qué puede recurrirse

Segovia explicó que tanto el Ministerio Público como la querella habían solicitado cuatro años y seis meses para los padres, por lo que técnicamente no existiría fundamento para apelar esa condena. En cambio, para Mikhaela Rolón, condenada a diez años, la querella había solicitado 15 años.
“Solamente en relación a esa persona sí tendrían legitimidad para recurrir en caso de que no compartan las argumentaciones que el Tribunal va a consignar en la sentencia respectiva”.
Fiscal plantea aumentar penas por obstrucción
Más allá del caso puntual, Segovia sostuvo que la legislación debería endurecer las sanciones de ocultamiento, destrucción o manipulación de evidencias.
“Ese marco penal creo que es bajo para la incidencia que tiene dentro de una investigación”.
Actualmente, según explicó, la frustración de la persecución y ejecución penal puede tener una pena de hasta tres años.
Limitaciones forenses también afectaron la investigación
Segovia reveló además que durante la investigación no pudo realizarse un estudio específico para determinar si María Fernanda había aspirado humo en vida.
“Por una limitación tecnológica presupuestaria no se ha realizado, por ejemplo, el estudio que he mencionado”.
Sí se determinó como causa de muerte un traumatismo cráneo-encefálico severo, pero el fiscal sostuvo que el análisis faltante habría permitido completar con mayor precisión la reconstrucción del mecanismo de muerte. El caso, señaló, también expuso limitaciones estructurales en materia de recursos y tecnología forense, especialmente para las unidades fiscales del interior del país.
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