El Juez Penal de Garantías de Amambay, Martín Areco, ordenó la prisión preventiva de los padres de una niña indígena de 3 años que murió por denustrición en una comunidad de Amambay, a pesar de la postura del Ministerio Público que había solicitado medidas alternativas.
Los imputados son Amado Zárate Romero (27) y Raquel Pereira Ferreira (19), padres de la menor fallecida. La fiscala Sandra Díaz amplió la imputación en su contra por homicidio culposo y violación del deber de cuidado, cargos que ahora se sustentan en la gravedad del hecho investigado.
La niña falleció por desnutrición calórico-proteica severa, un cuadro que de acuerdo con peritajes médicos apunta a un estado de privación prolongada. La muerte fue confirmada tras la intervención policial en la comunidad indígena Takuaguyogue, en Amambay, donde las condiciones de vida de la familia eran extremadamente precarias.
Según reportes del Ministerio Público y testimonios de peritos, la menor presentaba señales evidentes de inanición grave, incluso “piel y hueso”, y sufría desnutrición desde hacía meses, con una sola comida diaria en ocasiones y sin condiciones de atención médica adecuada.
El hecho ocurrió en la noche del 21 de enero de 2026 en la comunidad Takuaguyogue, ubicada a más de 50 kilómetros de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. La Policía fue informada del caso el 22 de enero, tras lo cual se abrió la investigación penal respectiva.
Inicialmente, la fiscala había imputado a los padres por violación del deber de cuidado, y aunque había pedido medidas cautelares menos gravosas (como comparecencia o libertad bajo restricciones), el juez Areco consideró que la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la falta de arraigo justificaban la prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.
Las nuevas imputaciones por homicidio culposo reflejan la preocupación de la fiscalía por la responsabilidad directa de los progenitores en el cuidado y protección de la menor, en un caso que ha generado indignación pública y debate sobre la protección de la infancia y las condiciones de vida en comunidades vulnerables.
Este caso no solo ha puesto de relieve una tragedia familiar, sino también las condiciones de pobreza extrema y la estrategia de intervención del Estado y de instituciones públicas en comunidades rurales o indígenas aisladas. Autoridades de salud y forenses han subrayado la urgencia de abordar no solo la responsabilidad penal, sino también los factores estructurales que dificultan el acceso a servicios básicos de alimentación y asistencia sanitaria en zonas remotas.
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