La abogada Sary Hellman afirmó en entrevista con Central Radio 1140 AM que la denuncia presentada por una funcionaria municipal por presuntos hechos ocurridos en el ámbito laboral habría sido filtrada antes de diligencias clave. Anunció la recusación de la fiscal interviniente y pidió garantías de imparcialidad.
Durante una entrevista concedida a Central Radio 1140 AM, la abogada Sary Hellman relató que la denuncia fue formalizada el día anterior ante la Fiscalía de turno en Lambaré, pero sostuvo que antes de que la víctima prestara declaración testifical y recibiera asistencia psicológica, los denunciados ya contaban, según su versión, con copia de las documentaciones presentadas.
“Ya tenían toda la denuncia completa con las instrumentales”, afirmó la profesional, quien calificó el hecho como una “filtración” desde el propio Ministerio Público.
¿Quiénes están involucrados?
El concejal Lorenzo Mendieta acusado por Coacción Sexual, Acoso Sexual y Violación y el intendente Guido González por Omisión de Aviso de un Hecho Punible y Cohecho Pasivo Agravado, en relación con la denuncia presentada. No obstante, la abogada evitó brindar detalles específicos sobre la calificación jurídica de los hechos, alegando restricciones establecidas por una acordada que, según indicó, limita a los profesionales a divulgar información precisa durante la etapa investigativa.
Hellman sostuvo que los hechos denunciados habrían ocurrido en el ámbito laboral, cuando la presunta víctima se desempeñaba como funcionaria municipal.
Recusación y pedido de traslado de la causa
Ante lo ocurrido, la defensa de la víctima anunció la presentación de una recusación contra la fiscal interviniente y otros agentes de la sede fiscal de Lambaré, solicitando que el caso sea derivado a otra unidad del Ministerio Público.
“Solicitamos que el fiscal adjunto pueda derivar a otras unidades, pero que no sea de la unidad de Lambaré”, explicó.
La abogada argumentó que el accionar observado comprometería la imparcialidad y la objetividad que debe regir en una investigación penal, especialmente en casos que involucran a autoridades con poder político.
Contención a la víctima y cuestionamientos institucionales
Otro de los puntos señalados fue la ausencia, según la defensa, de acompañamiento psicológico inmediato a la denunciante durante su permanencia en la sede fiscal.
“Ni un psicólogo del Ministerio Público apareció ahí para ayuda a la víctima”, manifestó.
La profesional sostuvo que la situación generó un ambiente de intimidación y desigualdad procesal, lo que calificó como una muestra de debilidad institucional frente a figuras con influencia.
Derecho a la defensa y búsqueda de versiones
En ese contexto, las autoridades mencionadas en la denuncia cuentan con el derecho constitucional a la defensa y a presentar su versión de los hechos.
La abogada Hellman, mencionó además, de que la ciudadanía tiene que denunciar estos hechos, ya que, posiblemente no sería el único caso y que las autoridades no han hecho mención al respecto.
El caso, que tomó estado público en las últimas 24 horas, se encuentra en etapa inicial de investigación. Las diligencias que adopte el Ministerio Público en los próximos días serán clave para determinar el curso del proceso.
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