A fines de los años ochenta, el régimen de Alfredo Stroessner ya no se sostenía únicamente por la fuerza. Lo que se había ido acumulando presiones internacionales, fracturas internas del Partido Colorado, el desgaste biológico y político del dictador y una sociedad profundamente transformada terminó por confluir en un punto de no retorno. Los testimonios y reconstrucciones de quienes estudiaron y vivieron ese período permiten comprender cómo, entre 1987 y los primeros meses de 1989, se fue cerrando el círculo que desembocó en el golpe del 2 y 3 de febrero.
El periodista y escritor, Roberto Paredes, sostuvo en entrevista con Central Radio 1140 AM que el retorno de exiliados colorados y opositores históricos, la reapertura del espacio público y la creciente tolerancia a actos de disidencia fueron señales de un cambio que, sin embargo, el propio Stroessner miraba con recelo. Ese proceso fortalecía a sectores que ya pensaban en el “después de Stroessner” y debilitaba la idea de una continuidad dinástica.
El punto de quiebre interno se produjo en 1987, con la convención partidaria que expulsó a empujones a Juan Ramón Chávez, figura emblemática del coloradismo tradicional. Allí se consolidó el tradicionalismo como alternativa política real frente al stronismo. Aunque el general volvió a presentarse en 1988, incluso dentro de su propio entorno crecía la convicción de que el ciclo estaba agotado. Muchos de quienes se proclamaban stronistas ya no querían más estronismo; aspiraban a un “coloradismo sin Stroessner”.
En paralelo, la presión externa dejó de ser coyuntural. Estados Unidos había concluido que la democratización en la región no sería un episodio pasajero. Washington buscó primero una salida civil estable, capaz de administrar el post stronismo sin ruptura institucional. Al no encontrar una oposición con capacidad real de gobernabilidad, la mirada se desplazó hacia las Fuerzas Armadas. El diagnóstico fue unánime: solo una figura reunía legitimidad y consenso militar suficientes para encabezar la transición.
Esa figura era Andrés Rodríguez. Lejos de las versiones que hablan de amenazas o imposiciones, los relatos coinciden en que el respaldo estadounidense fue explícito y político. La reunión entre Rodríguez y altos mandos del Comando Sur, realizada entre Navidad y Año Nuevo de 1988, selló ese entendimiento. También el Vaticano en un país con una abrumadora mayoría católica jugó un rol silencioso pero influyente en la legitimación del cambio.
Mientras tanto, dentro del país, la percepción social de un desenlace inminente era palpable. En mercados, barrios y cuarteles se hablaba abiertamente del golpe. Hubo incluso planes previos para secuestrar a Stroessner, abortados por el temor a un derramamiento de sangre, especialmente de su familia. Rodríguez, ligado al dictador también por vínculos personales, tenía una obsesión central: evitar una guerra civil y controlar directamente la transición.
La chispa final fue una orden de pase a retiro preparada a fines de enero de 1989, que incluía a varios coroneles ya comprometidos con la conspiración. La sola circulación de esa lista aceleró los tiempos. El golpe, planificado como la “Operación 33”, se puso en marcha la noche del 2 de febrero. La adhesión casi total de la caballería, la infantería, la marina y la neutralización de la aeronáutica hicieron que la operación resultara, en palabras de sus propios protagonistas, “mucho más fácil de lo esperado”.
Cuando el país amaneció el 3 de febrero, muchos paraguayos descubrieron que quienes se habían ido a dormir stronistas despertaban antistronistas. Alfredo Stroessner, consciente del desgaste y de la correlación de fuerzas, había perdido el control de un proceso que ya no podía detener. El golpe no solo derrocó a un hombre: abrió el camino, con todas sus contradicciones, a la transición democrática y al ejercicio de libertades largamente postergadas.
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