A pocas semanas del inicio del año lectivo, el conflicto en torno a la reforma de la Caja Fiscal vuelve a tensionar la agenda educativa y política. El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Píris, advirtió que las clases podrían no comenzar en la fecha prevista si el Congreso avanza con los cambios planteados sin atender los reclamos del sector docente.
La advertencia fue formulada tras una audiencia pública en la Cámara de Diputados, donde Píriscuestionó duramente a legisladores oficialistas por la dilación en el tratamiento del tema. “No es una amenaza, es una advertencia”, sostuvo, al señalar que la definición debe darse antes del inicio de la etapa pedagógica, prevista para el 23 de febrero, luego del período de preclases que arranca a comienzos del mes.
Qué reclaman los docentes
El núcleo del reclamo se centra en los artículos del proyecto de reforma que modifican la edad jubilatoria y reducen el porcentaje de retorno para los aportantes. Según explicó Píris, la propuesta oficial eleva la jubilación extraordinaria a 57 años y la ordinaria a 62, con un esquema que, a juicio del gremio, obliga a trabajar más años, aportar más y recibir menos.
“Hoy el retorno está entre el 83% y el 87%. Con la reforma, bajaría al 78%. Vas a trabajar diez años más, vas a aportar más, y vas a cobrar menos”, afirmó. Para el sector docente, cuya tarea implica un desgaste físico y emocional sostenido, la extensión de la edad laboral resulta especialmente gravosa.
La definición del conflicto se juega en un plazo muy corto. De no producirse cambios en los próximos días, el gremio no descarta medidas de fuerza que podrían retrasar el inicio de clases una o dos semanas, con posibilidad de profundizarse si la ley se aprueba sin modificaciones. Píris incluso mencionó que, en ese escenario, el camino sería solicitar la derogación de la norma y abrir un debate más amplio que incluya otros regímenes, como la caja parlamentaria.
El impacto sería nacional, ya que el sistema educativo público depende del calendario oficial y de la adhesión mayoritaria del cuerpo docente, que según el dirigente, respalda casi en su totalidad las medidas planteadas.
Para la Federación de Educadores, el problema no es solo técnico sino político. Píris cuestionó la falta de voluntad para distribuir equitativamente los sacrificios y advirtió que la reforma recae, una vez más, sobre trabajadores que ya sostienen el sistema. “Los sacrificios no pueden ser siempre de los mismos”, señaló, al tiempo de reclamar mayor aporte estatal y un abordaje integral que evite que, en pocos años, el debate vuelva a repetirse con parámetros aún más duros.
En un año atravesado por dinámicas electorales, el dirigente recordó que el sector docente, junto con otros funcionarios públicos, tiene un peso social y político significativo, directo e indirecto, en todo el país.
Mientras el calendario avanza y las escuelas se preparan para recibir a estudiantes y docentes, el desenlace del conflicto permanece abierto. Para el gremio, mantener las condiciones actuales de jubilación es una línea roja; para el Gobierno y el Congreso, la reforma aparece como una necesidad fiscal impostergable. En ese cruce, el inicio de clases queda condicionado a decisiones que deberán tomarse en cuestión de días.
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