El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea abre una ventana de oportunidades para la diversificación de mercados, la reducción de aranceles y la atracción de inversiones. Sin embargo, desde el sector productivo paraguayo advierten que existen señales de alerta vinculadas a regulaciones ambientales, sociales y de trazabilidad ampliada que podrían convertirse en condicionamientos unilaterales para los países exportadores.
Así lo sostuvo el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), en entrevista con Central Radio 1140 AM, al analizar el alcance real del acuerdo y los desafíos que podría enfrentar Paraguay en su implementación.
“Paraguay hace comercio bilateral con la Unión Europea, pero no es uno de nuestros mercados más fuertes. El año pasado le vendimos 392 millones de dólares y le compramos 1.280 millones, con un déficit comercial de 880 millones de dólares para Paraguay”, explicó Cristaldo.
Un mercado de 700 millones de personas.
El espíritu de los acuerdos comerciales es eliminar o reducir aranceles, establecer cuotas preferenciales y generar condiciones para dinamizar el intercambio y la inversión entre bloques. En el caso del Mercosur–Unión Europea, el mercado potencial conjunto alcanza a unos 700 millones de consumidores.
“El objetivo principal es jugar a dinamizar con la bajada de aranceles, integrar mercados y generar un proceso de llegada de inversiones que impulse la economía de ambos bloques”, señaló.
Aclaró que la reducción arancelaria por sí sola no garantiza un aumento automático de las exportaciones. Como ejemplo citó el caso de la soja: aun sin aranceles, Europa compra alrededor de 150 millones de dólares, mientras que el complejo sojero paraguayo exporta entre 3.500 y 5.000 millones de dólares, según el año y los precios internacionales.
Regulaciones ambientales: el principal foco de preocupación.
Según Cristaldo, no está en el acuerdo en sí, sino en medidas regulatorias que la Unión Europea viene adoptando por fuera del tratado, y que podrían condicionar su aplicación práctica.
“Hay que entender que el acuerdo es una cosa, y después vienen leyes europeas que no forman parte del acuerdo, pero que van a interferir en su implementación”, advirtió.
Mencionó la llamada Ley 1115, que introduce exigencias adicionales, especialmente en materia de diligencia debida, con criterios que, a su juicio, son subjetivos y abiertos a interpretación por parte de funcionarios europeos.
Aunque remarcó que Paraguay cumple sin dificultades con los estándares internacionales de sanidad, inocuidad y calidad —exigidos por mercados altamente regulados como Estados Unidos y Japón—, alertó que Europa amplía ahora la trazabilidad hacia dimensiones laborales, ambientales e incluso indígenas.
A pesar de las advertencias, el titular de la UGP consideró que el balance general sigue siendo positivo. “En el resultado final, todo es positivo y se abre un gran mercado para Paraguay”, dijo, aunque aclaró que el desafío será lograr que ese mercado efectivamente se active y se dinamice.
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