La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés convocó a una conferencia de prensa este lunes a las 08:00, frente al Parlamento, para anunciar una serie de actividades que, según adelantaron, continuarán entre hoy y mañana con brigadas ciudadanas que visitarán juzgados de Capital y Central, con un foco específico en Luque, en busca de expedientes y seguimiento de causas.
En conversación con Central Radio 1140 AM, Pedro Coronel, integrante de la coordinadora, explicó que las acciones se enmarcan en la implementación de la nueva ley de saneamiento de los juicios ejecutivos, que atraviesa un “periodo de prueba” para evaluar su eficacia. “Vamos a ver si la ley es eficaz o no”, señaló, al remarcar que los resultados, por ahora, no se traducen en un cambio sustantivo en decisiones judiciales.
Brigadas para buscar expedientes.
Coronel indicó que las brigadas recorrerán juzgados con el objetivo de localizar expedientes, documentar el estado procesal de los casos y levantar información que, según la coordinadora, permita constatar si la normativa aprobada genera o no un efecto real en el sistema.
El vocero adelantó que la organización presentará un relatorio con anexos informativos ante la Comisión Permanente del Congreso, incluyendo dijo datos y pedidos acumulados: propuestas legislativas, requerimientos institucionales y, nuevamente, el planteamiento de juicio político contra miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la entrevista, Coronel compartió estimaciones atribuidas al trabajo interno de la organización:
- 1.800 personas organizadas a nivel nacional, que representarían “poco más del 10%” del total de víctimas.
- Un universo estimado de 18.000 víctimas.
- Una proyección de 82 millones de dólares anuales como impacto económico, según un estudio propio realizado entre junio y agosto.
- Intensificación del fenómeno desde 2014, con un auge entre 2022 y 2025.
- Apenas 2% de casos “totalmente solucionados” dentro de su organización y 4% a 5% “parcialmente”, con un promedio de 12 embargos por persona, lo que genera que, al levantarse uno, aparezcan otros.
La coordinadora insiste en que la discusión no se limita a normas, sino al funcionamiento del sistema judicial: “No hay garantía si la corrupción sigue imperando”, expresó Coronel.
